Venezuela viene asistiendo a un proceso gradual pero sostenido de desindustrialización que en tiempos recientes comenzó desde mediados de la década de los noventa y que se ha acentuado en el lapso 1999-2008. Se trata del desmantelamiento del parque industrial nacional lo que se ha traducido en el reforzamiento de la dependencia externa de la economía nacional en lo relativo a los bienes alimenticios y a las materias primas e insumos. Siempre fue Venezuela un país sujeto al abastecimiento exterior para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentos pero ese comportamiento se ha exacerbado peligrosamente durante la administración del presidente Hugo Chávez. Son varios los factores que hoy conspiran contra la industria nacional. En primer lugar un clima antiempresarial que desde las altas esferas del gobierno se ha instalado como política de Estado, lo que se ha expresado en un ambiente de persecución contra la gente que trabaja y produce. Basta observar la actitud de los funcionarios del Ministerio de Industria Ligeras y Comercio (Milco) para valorar adecuadamente el alcance de una estrategia que concibe a los empresarios no como aliados sino como enemigos a los cuales hay que arrinconar y destruir. En segundo lugar, el control de precios se ha traducido en una herramienta muy poderosa en manos del gobierno para liquidar la rentabilidad del sector productor al no reconocerles los aumentos de los costos de producción, entre otros la mano de obra y los servicios. Una actividad económica sin rentabilidad está condenada al fracaso porque no genera ingresos para poder invertir. En tercer lugar hay que mencionar el control de cambio que se expresa en restricciones para la adquisición oportuna de divisas fundamentales para la manufactura de bienes nacionales, situación que se traduce en la postergación y retrasos de procesos de producción o en su encarecimiento. Como cuarto elemento debe señalarse la sobrevaluación de la moneda nacional lo cual ha propiciado un incremento desmedido de las importaciones y la extinción de las exportaciones no petroleras, todo ello en detrimento de la producción nacional. Entre 1999 y 2008 las importaciones saltaron desde US$ 14.492 millones hasta US$ 45.000 millones, lo que denota un crecimiento acumulado de 210%. Por esa razón para todos fines prácticos Venezuela es una economía de puertos que produce poco e importa mucho. Las escasas industrias que antes exportaban ya no lo hacen como han sido los casos de Sidor y Cemex, ahora en manos del Estado.
Si lo anterior no bastara, se ha sumado un clima de conflictividad laboral fomentada desde el gobierno mediante la constitución de sindicatos paralelos que por cualquier motivo y sin ninguna causa justificada paralizan las empresas y detienen la producción. Ese ha sido el caso de las compañías automotrices cuya producción ha disminuido más de 20% con el consiguiente efecto sobre la caída de la oferta de vehículos y la subida de los precios. De esta manera, se conforma un cuadro que se agrava en la medida en que el gobierno no diseñas políticas claras y estables para un sector clave en el relanzamiento de la economía nacional. Así, con cifras del BCV y estimaciones propias en el gráfico se describe la declinación de la producción de la industria manufacturera nacional con su efecto en la pérdida de empleos bien remunerados y con seguridad social para ser sustituidos por un enjambre de vendedores de productos importados que entran por las aduanas para luego ser transados en los centros comerciales, que cada día se construyen para la negociación de bienes fabricados en el exterior, dando una sensación de prosperidad cuando lo que se escande detrás de ello es un mundo ficticio y artificial que no crea bienestar permanente.
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/4821286.asp
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