Por José Guerra
Con cierta preocupación tanto internamente como en el exterior se dice y argumenta que Venezuela es un país corrompido, bajo la suposición de que la riqueza petrolera, que no es fruto del trabajo, propicia acciones delictuales de los funcionarios públicos para enriquecerse súbitamente. Se cita como antecedente los negociados durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, quien como presidente se convirtió en el hombre más rico de Venezuela a la sombra de los ingresos petroleros. Soy de los que cree que la corrupción en Venezuela adquirió un perfil dramático durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), entre 1974 y 1978, quien se salvó de cargos fundamentales que lo hubiesen llevado a la cárcel y con ello impedido de su segunda presidencia, por el voto y la maniobra en el antiguo Congreso Nacional de hoy un prominente chavista: José Vicente Rangel, cuando una parte de los adecos habían decido presentar a CAP ante la justicia. Pero lo protegió Rangel. Sin embargo, los casos más patéticos de corrupción durante la etapa democrática de Venezuela han ocurrido en la gestión de Hugo Chávez, de ello no hay dudas, vinculados a los de naturaleza financiera, porque esa ha sido la forma práctica de hacer dinero más rápidamente. Ahora que se pretende acusar a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, es conveniente dar un recorrido por casos emblemáticos de latrocinio, donde la Contraloría General de la República y la Fiscalía han enmudecido. El primero de esos casos se refiere a la confesión pública por parte del Presidente de la República de que se habían utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica (FIEM) para un propósito diferente al establecido en la ley. A ello siguió en 2002 la asignación de bonos de la deuda pública a una casa de bolsa, Cedel, en un proceso absolutamente carente de transparencia realizada por el Ministerio de Finanzas de entonces, Tobía Nóbrega.
Igualmente, en este despacho se fraguó el pago de unas notas promisorias supuestamente emitidas por el desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981 por más de US$ 600 millones que se intentaron cobrar cuando el 8 de agosto de 2003 desde la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, cuyo ministro era Nóbrega, salió un dictamen que aseguraba que esos títulos valores (notas promisorias) debían ser cancelados una vez que la Procuraduría General de la República lo ratificara, tal como en efecto sucedió el 3 de octubre de 2003, según el pronunciamiento atribuido a la oficina a cargo de Marisol Plaza. Al abortarse la operación, los reclamantes demandaron al Estado venezolano y como consecuencia de ello, se ha tenido que pagar en honorarios profesionales a bufetes relacionados a las altas esferas del poder aproximadamente US$ 5 millones. Por este daño al patrimonio público nadie responde ni responderá debido a la confabulación y complicidad que existe en el actual gobierno. Súmese a ello la compra del antiguo edificio sede del Citibank, ahora sede del Ministerio de Finanzas y el inmueble donde funciona la Escuela Nacional de Hacienda en La Urbina, en operaciones donde las edificaciones cambiaron de precios por cinco millones de dólares en pocas semanas, donde apreció imputado el ex ministro Nóbrega y más recientemente involucrados Franklin Durán y Carlos Kaufman, hombres célebres del caso de maletín.
Pero la operación favorita del andamiaje de la corrupción roja en Venezuela ha sido con bonos de la deuda pública, tanto interna como externa. A partir de 2001 el Gobierno de Venezuela acelera el paso del endeudamiento público y después de 2002 se generaliza una modalidad denominada dación en pago, mediante la cual a determinados entes se le asignaba recursos fiscales con bonos de deuda pública. Muchos de esas instituciones para disponer de efectivo, debían negociar los bonos y lo hicieron con un número pequeño de determinados bancos, los cuales aplicaron un sustancial descuento a la transacción, el cual muy probablemente repartieron con funcionarios públicos, quienes sugerían los bancos a donde debían concurrir los contratistas y proveedores afectados.
La reina de las operaciones financieras fue, sin embargo, el negocio de los bonos argentinos. Entre 2005 y 2006, Venezuela compró aproximadamente US$ 3.850 millones de esos papales con el objeto de apuntalar a las alicaídas finanzas gauchas. Al principio esos bonos se vendieron a tres bancos venezolanos que adquirieron los bonos al tipo de cambio oficial con una pequeña prima para que la República de Venezuela pudiese mostrar un beneficio en la transacción. Posteriormente, esos bonos ahora en manos de esos bancos, fueron negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York y el efectivo obtenido en dólares convertido a bolívares a la tasa de cambio del mercado paralelo. Cuando el escándalo se hizo público, el Ministerio de Finanzas, encabezado entonces por Nelson Merentes, optó por socializar la asignación de los bonos a buena parte del sistema financiero y todos quedaron contentos, con las alforjas llenas y entones el presidente Chávez y José Vicente Rangel, quien antes había apoyado a CAP, justificaron la transacción y defendieron al ministro de Finanzas. Pero las operaciones con títulos de deuda no se quedan allí. A la largo de 2005, el Ministerio de Finanzas asignó discrecionalmente "notas estructuradas" y bonos de la deuda pública por US$ 1.385 millones a ciertos bancos, para que fuesen empleados en el mercado paralelo para estabilizar su cotización. Ese monto se amplió durante 2006 a más de US$ 7.500 millones, con lo cual se dieron un banquete al comprar títulos al precio oficial de la divisa y venderlos al del mercado de "permuta". Venezuela no es un país corrompido, sino que tiene un gobierno corrupto, cosa totalmente diferente. Hay que rescatar la fibra moral de los venezolanos de un régimen demagógico que manchado la bandera de la lucha contra la corrupción.
Con cierta preocupación tanto internamente como en el exterior se dice y argumenta que Venezuela es un país corrompido, bajo la suposición de que la riqueza petrolera, que no es fruto del trabajo, propicia acciones delictuales de los funcionarios públicos para enriquecerse súbitamente. Se cita como antecedente los negociados durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, quien como presidente se convirtió en el hombre más rico de Venezuela a la sombra de los ingresos petroleros. Soy de los que cree que la corrupción en Venezuela adquirió un perfil dramático durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), entre 1974 y 1978, quien se salvó de cargos fundamentales que lo hubiesen llevado a la cárcel y con ello impedido de su segunda presidencia, por el voto y la maniobra en el antiguo Congreso Nacional de hoy un prominente chavista: José Vicente Rangel, cuando una parte de los adecos habían decido presentar a CAP ante la justicia. Pero lo protegió Rangel. Sin embargo, los casos más patéticos de corrupción durante la etapa democrática de Venezuela han ocurrido en la gestión de Hugo Chávez, de ello no hay dudas, vinculados a los de naturaleza financiera, porque esa ha sido la forma práctica de hacer dinero más rápidamente. Ahora que se pretende acusar a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, es conveniente dar un recorrido por casos emblemáticos de latrocinio, donde la Contraloría General de la República y la Fiscalía han enmudecido. El primero de esos casos se refiere a la confesión pública por parte del Presidente de la República de que se habían utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica (FIEM) para un propósito diferente al establecido en la ley. A ello siguió en 2002 la asignación de bonos de la deuda pública a una casa de bolsa, Cedel, en un proceso absolutamente carente de transparencia realizada por el Ministerio de Finanzas de entonces, Tobía Nóbrega.Igualmente, en este despacho se fraguó el pago de unas notas promisorias supuestamente emitidas por el desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981 por más de US$ 600 millones que se intentaron cobrar cuando el 8 de agosto de 2003 desde la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, cuyo ministro era Nóbrega, salió un dictamen que aseguraba que esos títulos valores (notas promisorias) debían ser cancelados una vez que la Procuraduría General de la República lo ratificara, tal como en efecto sucedió el 3 de octubre de 2003, según el pronunciamiento atribuido a la oficina a cargo de Marisol Plaza. Al abortarse la operación, los reclamantes demandaron al Estado venezolano y como consecuencia de ello, se ha tenido que pagar en honorarios profesionales a bufetes relacionados a las altas esferas del poder aproximadamente US$ 5 millones. Por este daño al patrimonio público nadie responde ni responderá debido a la confabulación y complicidad que existe en el actual gobierno. Súmese a ello la compra del antiguo edificio sede del Citibank, ahora sede del Ministerio de Finanzas y el inmueble donde funciona la Escuela Nacional de Hacienda en La Urbina, en operaciones donde las edificaciones cambiaron de precios por cinco millones de dólares en pocas semanas, donde apreció imputado el ex ministro Nóbrega y más recientemente involucrados Franklin Durán y Carlos Kaufman, hombres célebres del caso de maletín.
Pero la operación favorita del andamiaje de la corrupción roja en Venezuela ha sido con bonos de la deuda pública, tanto interna como externa. A partir de 2001 el Gobierno de Venezuela acelera el paso del endeudamiento público y después de 2002 se generaliza una modalidad denominada dación en pago, mediante la cual a determinados entes se le asignaba recursos fiscales con bonos de deuda pública. Muchos de esas instituciones para disponer de efectivo, debían negociar los bonos y lo hicieron con un número pequeño de determinados bancos, los cuales aplicaron un sustancial descuento a la transacción, el cual muy probablemente repartieron con funcionarios públicos, quienes sugerían los bancos a donde debían concurrir los contratistas y proveedores afectados.
La reina de las operaciones financieras fue, sin embargo, el negocio de los bonos argentinos. Entre 2005 y 2006, Venezuela compró aproximadamente US$ 3.850 millones de esos papales con el objeto de apuntalar a las alicaídas finanzas gauchas. Al principio esos bonos se vendieron a tres bancos venezolanos que adquirieron los bonos al tipo de cambio oficial con una pequeña prima para que la República de Venezuela pudiese mostrar un beneficio en la transacción. Posteriormente, esos bonos ahora en manos de esos bancos, fueron negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York y el efectivo obtenido en dólares convertido a bolívares a la tasa de cambio del mercado paralelo. Cuando el escándalo se hizo público, el Ministerio de Finanzas, encabezado entonces por Nelson Merentes, optó por socializar la asignación de los bonos a buena parte del sistema financiero y todos quedaron contentos, con las alforjas llenas y entones el presidente Chávez y José Vicente Rangel, quien antes había apoyado a CAP, justificaron la transacción y defendieron al ministro de Finanzas. Pero las operaciones con títulos de deuda no se quedan allí. A la largo de 2005, el Ministerio de Finanzas asignó discrecionalmente "notas estructuradas" y bonos de la deuda pública por US$ 1.385 millones a ciertos bancos, para que fuesen empleados en el mercado paralelo para estabilizar su cotización. Ese monto se amplió durante 2006 a más de US$ 7.500 millones, con lo cual se dieron un banquete al comprar títulos al precio oficial de la divisa y venderlos al del mercado de "permuta". Venezuela no es un país corrompido, sino que tiene un gobierno corrupto, cosa totalmente diferente. Hay que rescatar la fibra moral de los venezolanos de un régimen demagógico que manchado la bandera de la lucha contra la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario